Alrededor de mil temporeras y temporeros pasan el verano sin agua en los asentamientos de chabolas de Huelva
Cuarenta colectivos sociales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos solicitaron a las Administraciones públicas, a finales de julio pasado, la creación de un corredor de emergencia para garantizar el acceso a agua potable y la recogida de basura en los asentamientos de chabolas de la provincia de Huelva. Dichas organizaciones sociales, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han difundido ahora un vídeo donde muestran la realidad de los asentamientos del entorno de Doñana y Lepe.
Un video de La Carpa y Ana Tejedor Ruiz (@ana.tjdr)
En la provincia de Huelva existen unos 40 asentamientos, donde llegan a vivir más de 4.000 personas jornaleras en la época de la campaña de recogida de la fresa que va de enero a junio.
Desde los colectivos se denuncia el abandono por parte de las distintas Administraciones competentes a las que recientemente urgieron a establecer un corredor de emergencia para asegurar el acceso de agua potable y salubridad en los asentamientos ante las sucesivas olas de calor de este verano.
Las condiciones de vida de los asentamientos –que aparecieron hace más de 25 años por la necesidad de gran cantidad de mano de obra para el cultivo de los frutos rojos y la falta de alojamientos– atentan contra la salud y la vida de las personas que los habitan: los incendios son continuos ya que los materiales de construcción de las chabolas son altamente inflamables; los trabajadores viven rodeados de basura, roedores, mosquitos y culebras; y para conseguir agua o llegar a un centro de salud hay que recorrer kilómetros en bicicleta o andando.
Ante esta situación, las organizaciones sociales denuncian la inacción de todas las Administraciones. Por un lado, lejos de los anuncios que viene realizando en los últimos meses la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, en torno Plan EASEN para erradicación de los asentamientos, la realidad sobre el terreno muestra una situación de emergencia que únicamente está siendo atendida por asociaciones como La Carpa con personas voluntarias.
Esta asociación, como se muestra en el video difundido, ha efectuado en lo que va de verano una decena de repartos en los asentamientos en los que ha distribuido más de 10.000 litros de agua embotellada en los asentamientos del entorno de Doñana y Lepe.
Asimismo, tal y como denuncian las organizaciones, hay que lamentar la falta de avances significativos en la implementación del Marco de Actuaciones socioeconómicas del entorno de Doñana coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que establece la “mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas” estableciendo “a corto plazo, módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica”.
Tampoco las Administraciones locales de Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, municipios donde se encuentran situados los asentamientos y, por tanto, las más cercanas a los mismos, han puesto en marcha acciones significativas para mejorar las condiciones de vida de las personas temporeras, denuncian los colectivos en un comunicado lanzado desde Ecologistas.
Y recuerda que "los alcaldes se niegan a empadronar y, por tanto, a reconocer a estas personas como ciudadanas y ciudadanos de esos municipios, contraviniendo con ello la legalidad. Este ninguneo se extiende a la negativa de atender a la población, en una situación de emergencia como en los incendios que se producen habitualmente en estos asentamientos donde, en algunos casos, han llegado a dormir al raso hasta 400 trabajadoras y trabajadores afectados. “Solo desde el racismo institucional, se puede comprender esta actitud de desidia y negativa a buscar soluciones”, afirman desde Ecologistas en Acción.
Por todo ello, las organizaciones reclaman a las distintas Administraciones la creación de una mesa de trabajo específica coordinada por la Oficina Técnica de Doñana y la intervención de urgencia para asegurar el acceso a agua potable y retirada de residuos del entorno de los asentamientos. Además, reiteran: “La solución pasa por regularizar a estas personas, blindar sus derechos y asegurar que puedan acceder a condiciones de trabajo dignas”.
