Bollullos denuncia incoherencias en los requisitos de contratación del PROFEA
Señala que el perfil exigido para la contratación coincide con el de personas que cobran una ayuda durante todo el año, lo que deja fuera a personas que no cobran ningún tipo de prestación.
El Equipo de Gobierno de Bollullos, encabezados por su alcalde, ha denunciado el despilfarro económico que supone contratar a personas mayores de 52 años, que ya cobran el subsidio durante todo el año, dejando en el caso de Bollullos a unas 200 personas sin posibilidad de poder cotizar las 15 peonadas para acceder al desempleo.
Así, el alcalde de Bollullos par del Condado, Francisco Díaz Ojeda, remitirá una carta al Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, manifestando una queja formal y pública por el actual diseño de esta política pública que condiciona decisivamente la gestión de los recursos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA) que se viene realizando en el municipio, y que suponen unos 805.000 euros, de los cuales 576.000 se destinan a mano de obra, y que, a juicio del Equipo de Gobierno, "se despilfarran por varios motivos que espera que sean subsanados" de cara a la ejecución del próximo proyecto que comenzará en el mes de octubre.
En este sentido, señala que, en relación a la mano de obra empleada en dichas obras, los datos son escandalosos, dado que "el 54,45 por ciento de las personas contratadas son mayores de 52 años, por lo tanto, ya acogidas al subsidio especial agrícola, que les permiten percibir el subsidio los 12 meses del año, por lo que esas peonadas no tienen valor alguno, excepto el de cobrar el salario por las mismas, hecho que supone para la Junta de Andalucía un ahorro en cuanto a que el importe de los sueldos del PROFEA son transferidos desde la Administración del Estado". Este hecho, supone en el caso de Bollullos que 200 personas (ya que el PROFEA en nuestro municipio ocupa a 400 peones), se queden sin la posibilidad de poder cotizar las 15 peonadas tan necesarias para poder acceder al subsidio agrícola.
"Durante este año, se ha constatado, además, que de ese 54,45 por ciento, el 20 por ciento eran personas mayores de 65 años (incluso alguna con 70), que ya no necesitan cotización alguna y que además por su edad no son aptas para desempeñar ese tipo de trabajos", ha indicado Díaz Ojeda.
Por otro lado, y en relación con la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de referencia, en este caso la de La Palma del Condado, que es la encargada de la gestión de las peonadas, desde el Ayuntamiento se ha criticado abiertamente una "falta de profesionalidad y de voluntad por parte de los trabajadores de la misma".
Según Francisco Díaz, "se ha detectado tras años de experiencia, que hay trabajadores (generalmente las mismas personas), que en los primeros días de contrato se dan de baja médica y luego están varios meses acogidos a dicha baja, así como otros errores en cuanto a los oficiales de obras y oficios, ya que nos han enviado encargados que no tienen experiencia alguna en esas labores, oficiales de primera que años anteriores fueron contratados como oficiales de segunda, y viceversa, peones de albañilería que son enviados como oficiales. En relación con el personal que ha repetido, hemos demostrado que hay personas (oficiales de obra sobre todo), que han repetido dos y hasta tres veces en el mismo año, y otros (que han quedado de reserva), no han tenido la posibilidad de ser llamados para ser contratados. Este mismo hecho se ha trasladado a peones agrícolas, habiéndose dado varios casos de repeticiones de peones en el mismo año, negando la posibilidad a otros de que puedan ser contratados..., en fin, un auténtico descontrol que supone, no ya un retraso en las obras, sino un despilfarro del dinero público".
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento condal denuncia "esta serie de despropósitos, sin entrar a valorar el papel de la Diputación en la gestión de estos recursos, sobre todo en lo referente a los materiales, que se adeudan a las empresas proveedoras, incluso de años anteriores, y la gestión de las medidas de seguridad, que supone un coste medio de 100 euros por persona (para un contrato de 15 días, de los cuales 10 son de trabajo efectivo), un barbaridad desde el punto de vista municipal. La respuesta hasta ahora ha sido que el sistema es así, no habiendo sido atendidas nuestras propuestas".
