El Consistorio de Trigueros y abogados colaboran para ayudar a afectados por las hipotecas
Atenderán gratuitamente en una primera consulta a los vecinos con problemas relacionados con sus viviendas, como cláusulas suelo o condiciones abusivas.
El Ayuntamiento de Trigueros y un grupo de letrados del municipio formalizaron ayer lunes un acuerdo con el fin de colaborar con la población afectada por las hipotecas. A través de dicho acuerdo se establece un protocolo de actuación mediante el que se articulará una primera consulta gratuita para que la ciudadanía triguereña afectada por hipotecas, cláusulas suelo, condiciones abusivas o cualquier otro tipo de problemática relacionada con el derecho a la vivienda pueda ampararse en los despachos profesionales de Trigueros.
El convenio comenzó a fraguarse hace aproximadamente un mes entre el teniente de alcaldía triguereño, Manuel Rubiales, y el abogado Rubén Soto, los cuales coincidieron en la necesidad de diseñar algún tipo de actuación conjunta ante la constante problemática, añadida al drama social, que cada día se vive con el tema de la vivienda tanto en los despachos profesionales de los letrados como en el Ayuntamiento. Al acuerdo, además del mencionado, se han unido los gabinetes jurídicos de Irene Moreno Cuadri, Eduardo Morera Gálvez, Antonio Abad Caro Dominguez, Domingo Flores Hermoso, Elvira del Carmen Robles, Elena Ramos Pérez y Rosana Ponce Ponce, todos ellos con presencia profesional en Trigueros.
Con la firma del convenio, en palabras de la alcaldesa, Victoria Caro (IU), “se avanza en una materia especialmente delicada y de una dramática repercusión social, y gracias al sentido solidario y al compromiso de los letrados y letradas colaboradores, podremos actuar tanto desde el punto de vista político o social, como hasta ahora hacía el Ayuntamiento, como con la fuerza profesional y legal de los despachos jurídicos, aunando esfuerzos por intentar paliar los efectos demoledores de una crisis que sigue dejando victimas entre nuestros vecinos”.
Por su parte, los abogados que acudieron a la firma coincidieron en la necesidad de tomar una conciencia social que vaya más allá de las palabras y se traduzca en hechos, en este caso en acciones legales, que incidan en la defensa de los derechos y las garantías de los ciudadanos.
Para Manuel Rubiales, "estamos viviendo una etapa en la que se hace necesaria la colaboración de todos los agentes posibles, políticos, sociales y profesionales jurídicos con el talante y los valores de los firmantes del acuerdo, para luchar contra el abuso de la banca y de la especulación que han llevado a miles de familias españolas a verse privadas de un derecho fundamental, como es el de la vivienda, y poner en entredicho a nuestro pais como un estado desarrollado, pues ninguno que así se precie puede colocar a la autoridad frente a los ciudadanos para poner a familias debajo de los puentes".