domingo. 22.09.2024
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CCOO denuncia al Hotel Flamero por la sanción a una delegada sindical

El sindicato asegura que esta actuación sancionadora constituye "una vulneración de la libertad sindical”
CCOO denuncia al Hotel Flamero por la sanción a una delegada sindical

CCOO Huelva ha denunciado al hotel Flamero de Matalascañas por imponer una sanción a una trabajadora al realizar labores sindicales. Según el sindicato, esta delegada sindical hizo su labor de representante de los trabajadoras y trabajadores durante una reunión y días posteriores la sancionan por un hecho propio de las funciones que realiza cada día.

CCOO explica que se ha sancionado a la trabajadora por unos presuntos hechos que sucedieron el pasado día 9 de marzo en una reunión del equipo de cocina del hotel donde se transmitieron unas instrucciones determinadas al personal de cocina. La trabajadora, en calidad de representante del personal, manifestó que determinados comentarios pudieran ser intimidatorios para la plantilla, ya que dejaban entrever una amenaza de despido. Estas declaraciones forman parte de su cometido, como representante sindical.

Según señala el sindicato en un comunicado, la carta de sanción que recibe la representante sindical es "un auténtico despropósito porque le imputan unos hechos que no se ajustan a la realidad y, por lo tanto, no pueden servir de soporte al “castigo que se le ha impuesto".

El secretario general del sindicato provincial de servicios de CCOO en Huelva, Juan Carlos Liébana, ha mostrado su “rotunda” disconformidad con esta sanción y lo ha calificado de “represalia empresarial” ya que “sancionarla justo después de la reunión anterior nos parece un indicio más que suficiente de vulneración y obstrucción al ejercicio de la actividad sindical”. Por todo esto se ha interpuesto una demanda judicial ya que “desde CCOO no vamos a permitir otra persecución sindical que afecta al conjunto de los derechos de las trabajadoras y trabajadores”.

CCOO seguirá denunciando todos los casos de represión sindical y “castigo a aquellas trabajadoras y trabajadores que en la realización de la representación que les corresponde sufren persecuciones empresariales y sanciones desproporcionadas”. Liébana califica de “muy grave” esta vulneración a un derecho propio de la clase trabajadora y que “la avaricia empresarial no respeta ni entiende”.