El aval de la Junta a la reapertura de la mina de Aznalcóllar trae otra tormenta a Doñana
La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (AMINER) ha mostrado hoy su satisfacción por la concesión de la Autorización Ambiental Unificada a la mina de Aznalcóllar, un permiso “que demuestra que el nuevo proyecto de Minera Los Frailes cumple con todas las garantías de seguridad y respeto al medio ambiente que son seña de identidad de la minería moderna”, según ha precisado la gerente ejecutiva de Aminer, Marta Cerati.
La Junta de Andalucía anunció ayer la concesión de la autorización ambiental, que permitirá la apertura de la mina con un nuevo proyecto de explotación subterránea para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros metálicos (cobre, zinc y plomo). Así, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este viernes como "un proceso absolutamente garantista" la concesión por la Administración autonómica de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), que ayer se hizo pública.
Desde la Junta se pone como argumento para superar las reticencias de las organizaciones ecologistas el hecho de haber reclamado "el máximo de fianza que la ley nos permite, más de 60 millones de euros", de la que ha precisado que "la empresa tendrá que depositar durante toda la vida del proyecto" para afrontar posibles responsabilidades. "En el momento que se sobrepase el más mínimo indicativo siempre dentro de los parámetros legales, se paraliza el vertido", ha continuado explicando sobre la eficacia de esos controles diarios, antes de reivindicar que "el agua que se vierta al río Guadalquivir siempre será agua tratada y agua depurada".
Los trabajos comenzarán con la depuración y desembalse del agua de las cortas, 17,52 hectómetros cúbicos, de los cuales 15 pertenecen a la corta de Los Frailes.
Sin embargo, esta autorización ha sido muy criticada desde fuentes ecologistas. Así, Juanjo Carmona, portavoz de WWF en el área de Doñana, ve una amenaza directa para la Reserva de la Biosfera.
Carmona ha sido rotundo: "Se han dado prisa en trámites -ignorando alguno como informe Consejo de Participación de Doñana-, no fuera que siguieran apareciendo funcionarios públicos denunciando que los vertidos mineros son incompatibles con agricultura o pesca en Estuario Guadalquivir".
Minera los Frailes prevé una inversión de 450 millones de euros y la creación de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
En este sentido, Marta Cerati ha precisado: “Ya sabemos que la minería es esencial para el desarrollo de nuestra sociedad, porque los minerales son materias primas fundamentales para la transición hacia energías verdes. Pero esta autorización ambiental garantiza además las mejores prácticas ambientales, con tecnología de última generación; la puesta en marcha de un proyecto de economía circular y una ambiciosa restauración ambiental que se llevará a cabo desde el primer día, y durante toda la vida útil de la mina”, ha señalado la gerente ejecutiva de Aminer.
Cerati ha aprovechado para felicitar a Minera Los Frailes “por el gran trabajo llevado a cabo en estos nueve largos años” de preparación del proyecto, que debe continuar en los próximos meses hasta la puesta en marcha de la explotación. Asimismo, ha ampliado su reconocimiento al alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, “por su incansable apoyo a la mina”, y al municipio de Aznalcóllar, “un pueblo de 6.000 habitantes con una tasa de paro del 20%, que finalmente podrá optar a un futuro mejor” gracias a los puestos de trabajo generados por esta iniciativa empresarial.
“La minería es fuente de riqueza, empleo y oportunidades para la población”, ha recordado Cerati, que ha defendido que, gracias a las nuevas normativas del sector, “la minería actual es una actividad moderna, sostenible, respetuosa con el medio ambiente, innovadora y tecnológica, y sin ella, la vida tal y como la conocemos no sería posible”.
La reapertura de la corta minera a manos de Minera Los Frailes -Grupo México y Minorbis--viene ensombrecida por el cierre de la mina a cielo abierto de Aznalcóllar tras la gran catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando estaba explotada por la entidad Boliden-Andaluza de Piritas SA (Apirsa).
Posicionamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), desmiente que desde la Mina de Aznalcóllar (Sevilla) se vierta agua a la cuenca del Guadiamar, tal y como afirma la organización Ecologistas en Acción.
La planta de tratamiento de las aguas de esta zona minera está inactiva desde marzo de 2014, por lo que desde esa fecha no se realizan vertidos al río Guadiamar, y las aguas de escorrentía producto de las precipitaciones se envían de forma íntegra a la corta de Aznalcóllar, sin conexión con el dominio público hidráulico y cuyo control depende de la Junta de Andalucía y de la propia empresa minera desde que se hizo cargo de la gestión de la misma.
La mina no tiene actualmente actividad industrial, más allá de la que marca la concesión otorgada por la Administración autonómica de gestión de los pasivos mineros que se generaron tras la rotura de la balsa en 1995 y que, tras la limpieza del río Guadiamar, se alojaron en la corta de Aznalcóllar. La gestión de estos pasivos ambientales, como se ha explicado anteriormente, es competencia de la empresa minera con supervisión de la Junta de Andalucía, aunque desde la CHG se realiza un seguimiento de la misma en aplicación del principio de precaución y para que no sea afectado, en ningún momento, el dominio público hidráulico.
Cabe destacar que, en sus labores periódicas y rigurosas de vigilancia e inspección, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha detectado ningún vertido al río Guadiamar procedente de la zona minera de Aznalcóllar.
De esta forma, la CHG quiere subrayar que son totalmente inexactas las declaraciones del portavoz de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, sobre la existencia de vertidos al dominio público hidráulico sin control y con el conocimiento de este organismo de cuenca, puesto que no se realiza ningún tipo de vertidos desde que en marzo de 2014 deja de funcionar la depuradora encargada del tratamiento de las aguas provenientes de la corta de Aznalcóllar.
La CHG considera inadmisible las insinuaciones de dejación de funciones o presunta prevaricación ante unos hechos tan graves como son los supuestos vertidos mineros, y se reserva la facultad de iniciar acciones legales sobre estas afirmaciones, que ponen en duda la profesionalidad, el compromiso y la honestidad de las trabajadoras y trabajadores públicos de la Confederación y, en concreto, de su Comisaría de Aguas.
La CHG entiende que las manifestaciones de Ecologistas en Acción son inexactas, tendenciosas y alarmistas. La CHG es un órgano sectorial en cuanto a los procedimientos concesionales de la actividad minera por obligación legal, al tener que controlar la gestión del agua en el dominio público hidráulico como parte de sus funciones, por lo que se exige que se respete al máximo el trabajo de este organismo.
Por otro lado, hay que señalar que los vertidos del futuro proyecto de explotación de la mina se realizarán en dominio público marítimo terrestre, por lo que su control dependerá de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias, que fue también quien declaró la actividad minera como de Interés Público Superior y es responsable del otorgamiento de la licencia para ejercerla y de la tramitación ambiental.
La advertencia de Ecologistas
Desde Ecologistas en Acción se había avisado con anterioridad a estos avales que no se autorizara el vertido de la Mina de Aznalcóllar al Estuario del Guadalquivir. porque a su juicio existen graves deficiencias en el análisis de sus consecuencias, que podrían conllevar fuertes impactos socioambientales.
Y en respuesta a las declaraciones de los Consejeros de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, sobre las supuestas garantías del vertido tóxico previsto para la reapertura de la Mina de los Frailes en Aznalcóllar, tenemos que advertir que el Dictamen Ambiental firmado el pasado 27 de octubre de 2023 por técnicos de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, incluye un informe de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de admisibilidad del vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas al Estuario del Guadalquivir, mediante una tubería de 30 kilómetros, desde el recinto minero hasta un punto de vertido frente al estadio de la Cartuja en Sevilla, en zona de dominio público marítimo terrestre.
Según Ecologistas, "a pesar del proceso de depuración, la carga contaminante máxima acumulada durante los más de 18 años que se propone autorizar, descargaría en el Estuario del Guadalquivir cantidades totales muy elevadas de metales y metaloides potencialmente tóxicos como arsénico (2.709,12 kg), cadmio (677,28 Kg), cobre (5.577,60 Kg), cromo (717,12 kg) mercurio (23,90 kg), níquel (5.577,60 Kg), plomo (796,80 kg), selenio (796,80 kg) y zinc (26.294,40 kg), entre otros contaminantes mineros.
En ese tramo del río, hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, se localizan las tomas de riego de las 36.000 hectáreas de arrozales y las zonas de cría de los alevines del caladero del Golfo de Cádiz, con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados en esa zona podría ser significativa.
