Archivan la denuncia contra los concejales de Almonte
El juzgado no ve prevaricación.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado (Huelva) ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia interpuesta por la empresa Iddiam Sistemas contra los once concejales, nueve del PP y dos de IU, que votaron a favor de la resolución del contrato de servicios relativo a la gestión de las multas.
Según reza en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez señala que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa".
A su vez, en el citado auto desestima las argumentaciones de la parte denunciante, como la "convocatoria reiterada de plenos", concluye que "no existe indicio delictivo alguno", aún más cuando para la resolución del contrato el alcalde, el popular José Antonio Domínguez (PP), "contaba con el informe jurídico del secretario de la corporación, del tesorero e interventor y de una funcionaria", por lo que entienden que en ningún momento prescindió "del procedimiento establecido".
En cuanto a la recusación de Iddiam, no tramitada por el alcalde y basada en una supuesta "enemistad de este y del concejal de Administración con la entidad", el juez concluye que la no admisión a trámite estaba fundada, "ya que se trata de un asunto que se incluyó en dos plenos anteriores".
Incide en que la recusación contra ambos no procede porque se presentó tres horas antes del pleno, y cita: "los motivos escapan de lo jurídico y entran en lo estrictamente político, determinado por el juego de las mayorías necesarias para adoptar acuerdos".
A tenor de esta resolución, el alcalde de Almonte ha mostrado su satisfacción porque "se pone de manifiesto quienes estamos del lado del interés de los ciudadanos y quién persigue intereses particulares", ha informado el Ayuntamiento en una nota.
En este sentido, ha remarcado que, por su parte, era "un compromiso electoral revisar compras y concesiones otorgadas en la etapa socialista, en las que se han 'perdido' 30 millones de euros", indicando además que "lo que el PSOE y empresarios afines han diseñado para contrarrestar esta operación de transparencia es una persecución y posterior campaña de desprestigio --concretada en 27 denuncias durante la presente legislatura--, que caerá por su propio peso. Tenemos la conciencia muy tranquila y las causas se irán archivando".
