El administrador de la carbonería niega que el incendio de Moguer naciera en la empresa

El administrador de la carbonería, donde presuntamente se originó el incendio forestal en el paraje de La Peñuela (Moguer) el pasado 24 de junio, que afectó a 8.486 hectáreas en el entorno de Doñana, según el informe de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF) de la Consejería de Medio Ambiente, ha negado este jueves que el fuego comenzara en la empresa.

Según informa la agencia Europa Press citando fuentes judiciales, el administrador ha declarado este jueves durante tres horas y media en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moguer , junto a un trabajador y un responsable de una empresa de externa que realiza trabajos para esta carbonería.

A su vez, preguntado el administrador el motivo por el que trabajaban cuando las condiciones climáticas lo desaconsejaban, ha señalado que es habitual trabajar aunque haya cierto riesgo.

El objetivo es aclarar si pudo haber presunto delito de incendio forestal. Por ello, el juzgado ha citado a declarar a estas personas ya que el informe de la BIFF señala como origen del fuego por una "negligencia por descuido" a esta carbonería, así como dicho informe indica que desde esta empresa intentaron con "maquinaria pesada ocultar evidencias" que pudieran inculpar a la carbonería.

Hay que recordar que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se personó como acusación particular y parte perjudicada en la causa del incendio.

Asimismo, la Consejería indicó que la carbonería "suspendió su actividad el 21 de julio" y, a través de la Delegación Territorial de Huelva, ratificó a principios del mes de agosto la suspensión de la actividad de esta empresa y el inicio de los trámites del expediente sancionador a esta carbonería vegetal.

Por otro lado, el colectivo de afectados por este incendio forestal pedirán a la citada carbonería indemnizaciones por los daños materiales que les generó el fuego, así como por los daños morales derivados de este siniestro ambiental.

Indignación de EQUO

Por otro lado, desde la formación EQUO han criticado el hecho de que el Juzgado que lleva el caso solicite al partido "7.000 euros de fianza" para poder personarse como acusación popular en la instrucción judicial por el incendio de Doñana, una cantidad que la formación considera “excesiva” e “inasumible para una organización de nuestras características”.

Así, pese a que la organización lleva varios días haciendo gestiones para poder participar del proceso y estaba previsto que su abogado, David Sánchez, especializado en temas de medio ambiente y derechos de los animales, se ha desplazado hoy hasta Moguer para intervenir en las declaraciones de los responsables de la carbonería, pero le ha sido imposible ante la fianza de 7.000 euros para poder ejercer acción penal.

Desde el juzgado se justifica esta cantidad en el hecho de que EQUO Andalucía “no resulta directamente ofendido por el delito que se está investigando, el de incendio forestal”, algo que desde la formación rebaten, al entender que la ciudadanía es también víctima de las graves consecuencias de este incendio, al verse afectado el patrimonio natural de todos y todas las andaluzas, y que es “precisamente en los delitos contra el medio ambiente donde a la ciudadanía ha de facilitársele más si cabe el acceso a la justicia”.

Desde la formación verde han argumentado que “la intervención de EQUO Andalucía en las diligencias judiciales está más que justificada puesto que esta organización tiene un interés legítimo en esta causa: porque cuenta con una diputada en el Parlamento de Andalucía, Carmen Molina, -integrante además de la Comisión de Medio Ambiente-, que no es más que una representante de la ciudadanía; y porque se trata de un partido ecologista”, ha explicado el abogado, que ha adelantado que la formación recurrirá esta cantidad, “totalmente desproporcionada y que impide el acceso a la justicia, derecho que la Constitución reconoce a cualquier ciudadano”.

EQUO pone como ejemplo que al PP en el caso de los ERE de Andalucía se le solicitó una cantidad de 3.000 euros, lo mismo que a todas las acusaciones populares en el caso del 9N -el anterior referéndum de Cataluña-. “Se trata de menos de la mitad de lo que se nos solicita a nosotros en este caso”, insisten.