Los sindicatos protestan contra el despido por baja médica justificada
Los líderes sindicales de UGT y CCOO Huelva, Sebastián Donaire y Emilio Fernandez , se han concentrado en la mañana de hoy junto a cientos de personas para mostrar su rechazo a uno de los peores frutos de la reforma laboral, la sentencia de 16 de octubre del 2019 "que ampara el despido derivado de bajas médicas justificadas, ya que interpreta de forma inaudita la libertad de empresa y efectúa una extraña defensa de la productividad sobre el derecho a la salud y al trabajo".
El secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire ha declarado que dicha sentencia “ha generado una gran indignación y alarma social y se fundamenta en la libertad de empresa sobre el derecho a la salud y al trabajo. Desde UGT Huelva entienden que es "un ataque a los derechos de los trabajadores, ya que no se puede anteponer los intereses de la empresa a la salud del trabajador". Para el sindicato, "esta reforma laboral del año 2012 ha sido la responsable del aumento de la precariedad laboral, de la inestabilidad y de los peores salarios".
Para Emilio Fernandez, secretario general de CCOO Huelva, "con esta reivindicación queremos mostrar nuestro rechazo más absoluto a una sentencia que consideramos injusta, desproporcionada y cruel por parte del Tribunal Constitucional que avalael despido a una trabajadora por estar enferma”.
Para Fernández, “cuando un trabajador está de baja médica es porque un médico así lo ha dictaminado en un documento oficial, estando totalmente justificadas la ausencia al trabajo por enfermedad. El sindicalista ha incidido en que “el artículo 52.d vulnera el derecho a la integridad física, el derecho a la salud y el derecho al trabajo reconocido en nuestra Constitución. No es de lógico que el Tribunal que debe ser el garante de los derechos constitucionales haya avalado precisamente esto poniendo por encima de la salud de las personas los intereses de la empresa". Por ello, “es fundamental que el nuevo gobierno derogue inmediatamente la reforma laboral”.
UGT y CCOO consideran que es urgente suprimir un precepto legal que ampara la discriminación de forma evidente, que culpabiliza a la persona y que impide ejercer los derechos de trabajadores.
