La privatización del agua en Cartaya llega al Defensor del Pueblo
El PSOE quiere conocer las inversiones comprometidas por Aqualia y los pagos realizados al ex alcalde del PP de Punta Umbría.
El PSOE de Cartaya ha elevado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, una queja para denunciar lo que desde este partido califican como el “oscurantismo” del alcalde de la localidad, el independiente Juan Polo, con respecto al contrato de Aqualia.
Los socialistas han hecho llegar esta petición “tras haber reclamado en varias ocasiones al equipo de Gobierno información detallada de las inversiones comprometidas por Aqualia en su oferta para obtener la adjudicación de la concesión de los servicios públicos de abastecimiento domiciliario de agua, alcantarillado y depuración de aguas residuales, así como el importe de las cantidades reconocidas, abonadas o compensadas por el Consistorio a Aqualia y viceversa desde el año 2010, detalladas por año y concepto, así como las obras realizadas".
Del mismo modo, los socialistas han pedido información de los contratos y pagos realizados a diversos abogados que están prestando sus servicios al Ayuntamiento, “entre ellos al ex alcalde del PP de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, y a su pareja Gema Domínguez, y de los pagos a la empresa Local Lex Abogados, también relacionada con el propio Cansino”.
Así, el PSOE de Cartaya ha reprochado el “ocultismo” que a su juicio rodea a todo este asunto, “que se hace aún más patente ante la falta de respuesta del alcalde”. Por ello, los socialistas han pedido la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, “porque mucho nos tememos que esta falta de transparencia responda a intereses privados de la empresa y no al interés general de nuestro pueblo”.
Desde el PSOE de Cartaya han anunciado, además, que van a permanecer impasibles ante este entramado “opaco” y no descartan emprender las acciones legales que consideren pertinentes.
Para los socialistas, “es lamentable que el alcalde haya hecho de un servicio básico y de un derecho como es el agua, un negocio hipotecando el municipio y despreciando a los más de 4.700 cartayeros que con su firma le dijeron no a la privatización”.