viernes. 04.10.2024
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La privatización del agua en Cartaya, Cortegana y San Juan costará a los vecinos 18,7 millones de euros

La privatización del agua en Cartaya, Cortegana y San Juan costará a los vecinos 18,7 millones de euros

La medida supone también la pérdida de 34 empleos en la empresa pública de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia.

La privatización del servicio del agua en municipios gobernados por el PP se salda con la liquidación de 12,2 millones a Cartaya, 3,5 millones a San Juan del Puerto y casi 3 millones de euros de Cortegana, y con la pérdida de trabajo a 34 familias. Así, señaló el miembro de la Ejecutiva Provincial socialista y vicepresidente de MAS (Mancomunidad de Aguas y Servicios), Ezequiel Ruiz, que además anunció que desde MAS vamos a ser duros con los pueblos que se salgan de Giahsa porque están ocasionando un gran perjuicio".

En esta línea, Ruiz incidió en que “en la MAS se recoge un sistema de salida reglado y lo que no puede hacer cada municipio es salirse como quiera causando perjuicios a los pueblos que quedan dentro, ya que cuando alguno toma esa decisión debe hacerlo con todas las consecuencias, es decir, con el capital social y con los trabajadores adscritos al servicio, que no han sido admitidos. 

En este sentido, el portavoz socialista de Cortegana, Pepe Borrallo, señaló que esta privatización puede tener consecuencias muy cuantiosas, como ya ocurrió en Aljaraque. Así, apuntó que “el PP está acometiendo un atropello contra los ciudadanos de Cortegana que costará casi tres millones de euros”. 

Por su parte, Felipe Prieto, portavoz en San Juan del Puerto, insistió en el deterioro en el servicio y subrayó que “esta salida responde a una cuestión ideológica”. Del mismo modo, reprochó al alcalde del PP que el Ayuntamiento tenga que abonar una indemnización de casi 3,5 millones de euros por salirse de Giahsa. 

Por último, el portavoz del PSOE de Cartaya, Alexis Landero, criticó que la actitud “irresponsable” del equipo de Gobierno de Cartaya costará a los vecinos más de 12 millones de euros. Un privatización que a la que se oponían todos los ciudadanos y así lo demostraron al crear una plataforma que recogieron más de 4.500 firmas.

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