La Junta exoneró de justificar ayudas a 71 entidades y administraciones de todo signo político
02 de septiembre de 2014 (18:14 h.)
Entre los afectados se encuentran 24 ayuntamientos onubenses, 14 socialistas, ocho del PP y dos de IU.
Las exoneración de justificar las ayudas para proyectos de formación para el empleo, una herramienta que puso en marcha la Junta de Andalucía para agilizar la concesión de nuevas subvenciones, afectó a un total de 71 empresas, entidades o instituciones de la provincia de Huelva, que en cualquier caso no quedaron exentas de presentar las justificaciones con posterioridad, ya que la exoneración sólo les permitía un aplazamiento.
Entre ellas se encuentran un total de 24 ayuntamientos, de los que 14 están gobernados por el PSOE, ocho por el PP y dos por Izquierda Unida. Los ayuntamientos socialistas exonerados son los de Almonaster, Aracena, Ayamonte, Campofrío, Cañaveral de León, Chucena, Fuenteheridos, Galaroza, Isla Cristina, Moguer, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, Santa Ana la Real y Punta Umbría, mientras que los consistorios gobernados por el PP que fueron exonerados son los de Aljaraque, Almonte, Gibraleón, La Palma del Condado, San Juan del Puerto, Villablanca, Cartaya y Alosno, aunque en estos dos últimos gobierna en coalición con independientes y no ostenta la Alcaldía. A ellos se unen los ayuntamientos de Cala y Cabezas Rubias, gobernados por Izquierda Unida.
En el listado de entidades exoneradas, al que ha tenido acceso el diariodehuelva.es, también se encuentran la Diputación Provincial y un total de siete mancomunidades de municipios: Sierra Minera, Cuenca Minera, Islantilla, Condado de Huelva, Sierra Occidental, Ribera de Huelva y Beturia.
La exoneración de justificar las ayudas fue permitida por la Junta de Andalucía a través de una modificación del artículo 124.1 de la Ley General de la Hacienda Pública del 2 de marzo de 2010. Con esa modificación se permitía la concesión de ayudas a las entidades que no tienen capacidad de ejecutar los proyectos si no se les adelanta el dinero. Además, también se lograba la agilización de las subvenciones a entidades que, aunque ya habían justificado las ayudas, no podían ser verificadas por la Administración autonómica por falta de recursos técnicos.