sábado. 05.10.2024
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La empresa de la vivienda contrató a un abogado recién indemnizado por el Ayuntamiento

La empresa de la vivienda contrató a un abogado recién indemnizado por el Ayuntamiento

La Empresa Municipal de la Vivienda contrató los servicios jurídicos del ex gerente de la Gerencia de Urbanismo pese a tener abogados en plantilla.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Huelva no sólo pagó viajes y noches de hotel a concejales ajenos a esta entidad y a políticos del PP que no tienen relación alguna con el Ayuntamiento, como la senadora ‘popular’ María Dolores Vázquez. La compañía perteneciente al Consistorio onubense también contrató por 7.000 euros la asistencia letrada de un abogado, José Zamorano, que previamente había sido indemnizado tras su cese como gerente de la Gerencia de Urbanismo del mismo Ayuntamiento de Huelva. Y ello pese a que la Empresa Municipal de la Vivienda ya contaba con su propio servicio jurídico en plantilla.

 

Así se recoge en la factura presentada por el propio abogado a la empresa de la vivienda, que por entonces estaba presidida por el portavoz del equipo de gobierno del PP, Francisco Moro, quien a su vez también había sido presidente de la Gerencia de Urbanismo, la entidad ya disuelta a la que pertenecía el propio José Zamorano como gerente. En la factura, a la que ha tenido acceso el diariodehuelva.es, se detalla que el abogado fue contratado por un precio total de 7.000 euros para defender a la Empresa Municipal de la Vivienda ante una demanda interpuesta por una constructora.

 

El contrato se firmó el 28 de junio de 2013, días antes de que la Empresa Municipal de la Vivienda impuso a sus trabajadores un nuevo convenio laboral que suponía una bajada del sueldo de entre un 30 y un 60 por ciento, convenio que la semana pasada fue declarado nulo por un juez.

 

El diariodehuelva.es ha tenido acceso a esta factura después de que el Ayuntamiento de Huelva comunicase la semana pasada el despido a los 12 trabajadores de la empresa, lo que a su vez ocurría sólo unos días después de conocer que el juzgado había dado la razón a la plantilla y anulado el nuevo convenio laboral que el Consistorio impuso a todos sus empleados en julio de 2013. Con esa sentencia, el Ayuntamiento ha visto incrementar de forma notoria su deuda con la plantilla. A las dos nóminas y tres pagas extraordinarias que ya les adeudaba se suma ahora la parte de la nómina correspondiente al convenio anterior que el Consistorio dejó de pagar desde hace ahora justo 11 meses.

 

Unos días después de conocerse la decisión judicial, el concejal de Empleo, Juan Carlos Adame, citó a los trabajadores de la empresa. El jueves se reunió con nueve y el viernes con los tres restantes, a quienes les comunicó no sólo el despido, sino también su propuesta de indemnización, que asciende a 20 días por año. Adame también les trasladó que los despidos serán efectivos desde la disolución definitiva de la Empresa Municipal de la Vivienda y que ésta se producirá en el próximo Pleno del Consistorio onubense.

 

Con esta decisión, el equipo de gobierno municipal del PP incumple el principal compromiso que adquirió con todos los trabajadores cuando aprobó el plan de ajustes, el documento elaborado por el Ayuntamiento para hacer frente a la devolución del préstamo de los planes de pago a proveedores. El Consistorio aseguró que el plan de ajustes no supondría ningún despido y que todos los trabajadores de las empresas municipales que se disuelvan se integrarían en el propio Ayuntamiento. Esto ha ocurrido con el resto de organismos autónomos excepto con la Empresa Municipal de la Vivienda, cuya plantilla presentó una demanda contra el nuevo convenio y ya tiene encima de la mesa la propuesta de despido.

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