IU reclama que sigan las ayudas a las familias afectadas por las hipotecas
Javier Valderas, responsable regional del Área de Vivienda de la formación, señala que en Huelva se han gestionado hasta ahora 360 expedientes de personas afectadas por las hipotecas en aras de que conserven sus viviendas.
Valderas, en un comunicado de prensa, precisa que estas actuaciones forman parte de las medidas incluidas en la Ley de Defensa del Derecho a la Vivienda de la Junta de Andalucía que ha impulsado la Consejería de Fomento y Vivienda "que en el tiempo en el que lleva en vigor está demostrando ser una herramienta útil ante la amenaza de los desahucios por ejecuciones hipotecarias".
Además, Valderas ha denunciado "la intensa campaña de acoso y derribo del Gobierno central del PP contra esta Ley, que la ha recurrido en el Tribunal Constitucional porque se enfrenta a la posición que tiene el PP de hacer que la Constitución esté sólo al servicio de los bancos y en contra de la ciudadanía que sufre las consecuencias de la crisis, ya que se empeña en no garantizar el cumplimiento de su artículo 47 sobre el derecho a la vivienda"
Valderas añade que "en esta labor de apoyo a la ciudadanía destacamos, desde Izquierda Unida, el trabajo que realiza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que ha intervenido para ayudar a numerosas familias, con la movilización social".
Valderas informa que de los expedientes que se han abierto en la Oficina de Defensa de la Vivienda en Huelva desde 2012, 32 han sido de actuaciones de protección y 248 de intermediación para posibilitar soluciones a familias en riesgo de perder sus viviendas, a los que hay que sumar más de 1.200 casos en los que se ha aportado información a personas afectadas. Según el responsable del Área de la Vivienda de IU en Huelva, "estos datos demuestran que hay una necesidad de apoyo a la ciudadanía, en una cuestión que el PP se niega a defender, como es el derecho a la vivienda, y que la Consejería de Fomento y Vivienda va a seguir ejerciendo, a pesar de los ataques contra la ley andaluza que ejecuta el PP que pone por encima de este derecho los intereses de los especuladores".
