IU pide un plan de seguridad para los centros educativos de Cartaya

Reclama la revisión de las medidas de seguridad y la elaboración de un plan de vigilancia de estas instalaciones.

Izquierda Unida ha propuesto, mediante una moción en el Ayuntamiento, que Cartaya se dote de un plan de seguridad para los centros educativos, que se revisen las medidas de seguridad de esos espacios para a su adaptación a la normativa sobre riesgos y que la Policía Local cuente con más y mejores medios para realizar su labor.

Según han indicado en una nota, los actos vandálicos de los que ha sido objeto el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Maestro Juan Díaz Hachero el pasado 18 de octubre han puesto de manifiesto la falta de seguridad en esas instalaciones fuera del horario escolar. Se trata de actos que deben tener por parte de la sociedad una respuesta contundente, que empieza por su repulsa y la defensa del patrimonio público y del derecho a la educación.

Pero el rechazo de ese tipo de actos y la solidaridad que ciudadanos e instituciones debemos expresar con la comunidad educativa no nos pueden hacer olvidar que la seguridad de los centros educativos requiere del compromiso real, no de simples declaraciones de intenciones, por parte de las administraciones encargadas de garantizar la protección de las personas que desarrollan su actividad en esos edificios, así como de las mismas instalaciones.

No siempre las medidas de seguridad activa y pasiva están a la altura de lo deseable. Así, es fácil comprobar cómo en las instalaciones afectadas por la acción de los vándalos en el CEIP Maestro Juan Díaz Hachero, en concreto en las dependencias de educación infantil, no hay salidas de emergencia. Es fácil imaginar la situación tan preocupante que se podría haber producido si, en lugar de un incendio fuera del horario escolar un domingo en la tarde-noche, el fuego se hubiese declarado en el interior de esas instalaciones en horario lectivo como consecuencia, por ejemplo, de un fallo eléctrico y hubiese sido preciso su desalojo.

Por otro lado, hace ya varios años que en los centros educativos no residen los conserjes, personal que, al vivir en esas instalaciones, realizaba una labor de vigilancia pareja a sus funciones. Las condiciones impuestas por el Ayuntamiento, al exigir a esos trabajadores el pago del alquiler, el agua y la luz de las modestas viviendas donde residían, hicieron que éstos dejasen de vivir en los centros educativos, sin que su falta se haya suplido con medidas de seguridad que, de alguna manera, palien su ausencia.

En el caso de los sucesos en el CEIP Maestro Juan Díaz Hachero se han producido avances importantes para solucionar el problema, fruto, por un lado, de la movilización de la comunidad escolar y, por otro, de que las administraciones parecen haber entendido la necesidad de dar una respuesta rápida y real a esa situación. El compromiso de instalar alarmas y cámaras de vigilancia es un paso adelante que hay que saludar, pero no es suficiente. Se necesitan más medidas para garantizar la seguridad en ese colegio y en otros centros educativos del municipio que están expuestos a la acción de los vándalos o a situaciones que puedan poner en peligro la integridad física de las personas que se encuentran en ellos. Se necesitan, en definitiva, soluciones integrales y tener una actitud preventiva y proactiva, en lugar de a la espera de que se produzcan sucesos tan graves y actuar sólo cuando éstos tienen lugar.

Los acuerdos que Izquierda Unida propone en su moción para que los apruebe el pleno del Ayuntamiento son los siguientes:

1.- Instar a la Delegación Territorial de Educación a que, de forma conjunta con el Ayuntamiento de Cartaya, revise las medidas de seguridad activa y pasiva de los centros educativos del municipio con el fin de elaborar un plan de adecuación de las instalaciones a la normativa sobre prevención de riesgos en ese tipo de edificios.

2.- Instar a la Delegación Territorial de Educación a que, de forma conjunta con el Ayuntamiento de Cartaya, revise y actualice los planes de centro para garantizar la seguridad de las personas en el interior de esas instalaciones, así como el de las instalaciones mismas.

3.- Instar al Gobierno municipal a elaborar un plan de vigilancia y protección de instalaciones, edificios y dependencias públicos, así como dotar a la Policía Local de los medios humanos y materiales para desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles.