IU denuncia la existencia de ratios ilegales en numerosos centros de la provincia

Izquierda Unida ha elevado una iniciativa parlamentaria a través de Inmaculada Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, exigiendo al Gobierno andaluz medidas inmediatas para resolver la falta de personal y el aumento “insostenible” de las ratios de alumnos por clase. en diversos centros de la provincia de Huelva.

El inicio del curso escolar en Huelva ha vuelto a poner en evidencia “los graves problemas que sufre la educación pública en la provincia”.

David F. Calderón, coordinador de política institucional de Izquierda Unida en Huelva, ha denunciado “el caos” del sistema educativo público onubense, “sometido a un insoportable déficit de docentes y recursos que perjudica gravemente el rendimiento académico y el derecho a una educación de calidad”.

La pregunta parlamentaria pide a la consejería un “análisis sobre las causas y consecuencias del aumento de las ratios en Educación Secundaria y Bachiller en la provincia de Huelva”, así como las “soluciones que pretende llevar a cabo el gobierno de la Junta de Andalucía para mejorar las ratios y solucionar las carencias de personal en Educación Secundaria y Bachiller”.

Calderón ha indicado que el gobierno del PP andaluz “persiste en su estrategia de mercantilizar la educación, transformándola en un lucrativo negocio a costa del bienestar social, mediante la supresión masiva de aulas públicas y el ‘engorde’ de la red de centros concertados, firmando nuevos conciertos en todos los niveles educativos, incluyendo Bachiller y FP”.

Esto provoca, según Calderón, “que mejoren las ratios de la educación privada mientras se masifican las aulas públicas, generándose un escenario idóneo para que se incremente la fuga de alumnado desde la educación pública al negocio de la privada”.

“El PP andaluz no se molesta en disimular: continúa ejerciendo de brazo político de las corporaciones con intereses económicos en sectores esenciales como la educación, la sanidad, el agua o la energía. La estrategia es siempre la misma: debilitar los servicios públicos mediante el recorte de la inversión, la calidad y las condiciones laborales de los profesionales, para aumentar la necesidad social de recurrir a servicios privados”, ha concluido.