El PSOE presenta una iniciativa para garantizar las pensiones de viudedad y orfandad

Pepa González Bayo: “Reiteramos el firme compromiso del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basado en la equidad y en la solidaridad intergeneracional”

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para garantizar las pensiones de viudedad y orfandad y otras prestaciones familiares en el marco del Pacto de Toledo. En esta línea, la diputada por Huelva, Pepa González Bayo, incidió que “con dicha iniciativa se persigue afianzar el compromiso para dar seguridad a estas ayudas y seguir asegurando el futuro de las pensiones y prestaciones de la Seguridad Social”.

Según la diputada socialista y representante en la Comisión del Pacto de Toledo, “durante los años del Gobierno socialista se consiguió un equilibrio financiero, que permitió que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ascendiera a 66.815 millones de euros a finales de 2011. Pero la política desarrollada durante estos últimos años por el Gobierno del Partido Popular, fundamentalmente en el ámbito laboral, y su incidencia directa en las arcas de la Seguridad Social, ha puesto en riesgo el equilibrio financiero de nuestro Sistema Público de Pensiones”.

Ante esta situación, “los socialistas reiteramos el firme compromiso del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basado en la equidad y en la solidaridad intergeneracional. Así como la necesidad de alcanzar, en el ámbito de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo un nuevo acuerdo parlamentario, en orden a seguir garantizando el futuro del sistema público de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social”, apuntó Pepa González Bayo.

Además, “el Fondo de Reserva ha sido utilizado sistemáticamente para enjugar el desequilibrio entre déficit y gastos, hasta su posible desaparición a mediados de 2017, sin que en ningún momento el Gobierno del PP se haya planteado adoptar ninguna otra medida para paliar el mencionado desequilibrio”, incidió. Por lo que, a día de hoy, “el Fondo de Reserva se ha mermado en más más del 80%, la última disposición a inicios de diciembre de 2016, dejando este mes un saldo de 15.915 millones de euros. El mayor desfalco al Fondo de Pensiones que se ha dado en la historia: estamos hablando que en este año 2016 se han sacado 19.200 millones de euros, seis veces más que en el año 2012”.

En definitiva, según apuntó Pepa González Bayo, “las consecuencias de estas políticas en la viabilidad y sostenibilidad del sistema, así como la previsible desaparición de la hucha de las pensiones, están creando alarma en la sociedad española respecto al futuro de las pensiones, tanto para quienes las están percibiendo en estos momentos, como para los pensionistas del futuro”.

Por ello, “desde el Grupo Socialista hemos impulsado una iniciativa dirigida a la revalorización de las pensiones para el próximo 2017, en base al IPC y no por el índice de revalorización de las pensiones (IRP), impuesto unitariamente por parte del Gobierno, iniciativa que ha sido vetada”.

Del mismo modo, la dirigente socialista señaló que “la última propuesta del Gobierno de la Nación de revisar las pensiones de viudedad, orfandad y prestaciones familiares para tapar el déficit de la Seguridad Social y la posibilidad de que las mismas pasen a ser pagadas por los Presupuestos Generales del Estado, como ya dijo la Ministra de Empleo en su Comparecencia en la comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo de 22 de noviembre de 2016, significaría un desmenuzamiento del sistema y un ataque directo a las personas más vulnerables del sistema de Seguridad Social”.

Por otro lado, la diputada socialista destacó que “las personas beneficiadas de pensiones de viudedad, actualmente perciben dicha prestación dentro del sistema de pensiones contributivas y supone, con carácter general, el 52% de la base reguladora correspondiente a la vida laboral del cónyuge fallecido. Pudiendo alcanzar el 70% si el conyugue superviviente tiene cargas familiares o no alcanza determinado límite de ingresos”.

Además, “queremos pasar de una pensión contributiva a una pensión asistencial o no contributiva que significaría, aparte de sus connotaciones sociológicas, un cambio en la naturaleza jurídica de la prestación, que difícilmente podría justificar la percepción de pensiones diferenciadas en función de las cotizaciones realizadas, ya que este cambio en su naturaleza implicaría que su financiación se realizaría con cargo a la imposición general. Y ello porque el establecimiento de las medidas de protección social, consistentes en rentas económicas, financiadas a través de los impuestos, suele articularse a través de prestaciones de importe uniforme, con importes diferenciados, sí, pero solo para los supuestos de más necesidad”, apostilló.