Acusan a la alcaldesa de Riotinto de "estar obsesionada con la subida de impuestos"

La portavoz socialista, Nuria Hernández, ha calificado de "despropósito" que la alcaldesa "se dedique a elevar las tasas municipales ante su incapacidad política al frente del Ayuntamiento".

La secretaria general del PSOE de Minas de Riotinto, Nuria Hernández, ha señalado este miércoles que la alcaldesa de la localidad, Rosa Caballero (PP), está "obsesionada con subir los impuestos y atacar los bolsillos de los vecinos del municipio en lugar de trabajar para dar soluciones a los problemas".

La dirigente socialista local ha calificado de "despropósito" que la alcaldesa se dedique a elevar las tasas municipales "ante su incapacidad política al frente del Ayuntamiento".

Así, ha apuntado que el plan de ajuste llevado a cabo por el equipo de gobierno "está sustentado en la subida del sello del coche, la contribución de la casa, la plusvalía; las tasas por las licencias de obras, cementerio, expedición de documentos público, ocupación del dominio público con veladores, mesas, sillas; la creación de nuevas tasas en la escuela de música y pintura, utilización de dependencias municipales, entre otros aspectos".

A su juicio, "no es de recibo que la alcaldesa del PP en lugar de trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos se dedique a dañar aún más la economía familiar de muchas personas, sin dar alternativas, por lo que nos está llevando a más retroceso y más pobreza".

Por otro lado, la portavoz socialista ha destacado "el rechazo" del PP a la moción presentada por el Partido Socialista contra la reforma de la Administración Local, ya que "esta ley del PP pretende que los ayuntamientos sean meras marionetas, sin capacidad de decisión".

Asimismo, Nuria Hernández ha considerado que "esta reforma supone una puñalada a la democracia municipal y un ataque al bienestar de los ciudadanos, ya que conlleva la privatización de los servicios municipales que prestan actualmente los ayuntamientos"; en concreto los municipios menores de 5.000 habitantes, que "perderían sus competencias en materias como defensa de consumidores y usuarios; conservación de caminos y vías rurales; programación de la enseñanza; gestión de la atención primaria de salud; promoción de la mujer; la vivienda; protección de medio ambiente".