El PP desconocía la sentencia judicial sobre la cesión de la antigua cárcel

El Partido Popular desconocía la sentencia judicial dictada el pasado mes de diciembre por la que, según han informado este martes en un comunicado desde la Subdelegación del Gobierno, un juez condenó al Ayuntamiento de Huelva por el incumplimiento del convenio de cesión de la antigua cárcel firmado en 2006 entre el Consistorio onubense e Instituciones Penitenciarias, con lo que los tribunales obligan al Ayuntamiento al pago de los 2,2 millones de euros establecidos en aquel acuerdo.

Así se desprende de las declaraciones realizadas también este mismo martes, antes de conocerse el citado comunicado, por la parlamentaria andaluza del PP por Huelva, Carmen Céspedes. La representante onubense del Partido Popular se mostró, de hecho, de acuerdo con que el Consistorio "ejerza su competencia" e imponga una multa coercitiva a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), dependiente del Gobierno central, por no acometer actuaciones urgentes de seguridad y limpieza en la antigua cárcel, lo que pone de manifiesto que Céspedes desconocía la sentencia judicial a la que ha recurrido la Subdelegación del Gobierno para responder al anuncio de sanción que realizó este lunes el Ayuntamiento.

Eso sí, la propia partamentaria andaluza también criticó que el equipo de gobierno municipal del PSOE anuncie la citada sanción por el estado de abandono de la antigua cárcel y no haga lo mismo con otros edificios que, a su juicio, se encuentran "abandonados" y son propiedad de la Junta de Andalucía o del mismo Ayuntamiento.

En concreto, Céspedes se ha referido a los edificios que albergaban la sede de Hacienda, situado frente a la propia Casa Consistorial, la sede del Banco de España, en la Plaza de las Monjas, y la sede de la Policía, en el Paseo Santa Fe. Los dos primeros son propiedad del Gobierno andaluz y, el tercero, del Consistorio, y los tres, a juicio de la parlamentaria del PP, están "abandonados".