El PP de Cartaya decide mantener el pacto con ICAR pese a la imputación del alcalde
El grupo municipal popular prefiere respetar la "presunción de inocencia" del independiente Juan Miguel Polo y esperar el desarrollo del proceso judicial.
- Maestre cree en la inocencia del alcalde
- Juan Miguel Polo, imputado
- El primer edil ve una "cacería política"
La imputación del alcalde de Cartaya, el independiente Juan Miguel Polo, por construirse presuntamente dos viviendas en suelo no urbanizable, no es motivo suficiente para que el Partido Popular rompa el pacto de gobierno con Independientes por Cartaya (ICAR). El grupo municipal del PP ha decidido respetar la “presunción de inocencia” del primer edil y mantener el cogobierno hasta tener un mejor conocimiento de la querella, de la defensa de Polo y del “escrito de acusación del Ministerio Fiscal”.
Así lo ha comunicado al Diariodehuelva.es el portavoz del grupo municipal del PP, Gabriel Maestre. “Ningún imputado tiene la condición de condenado”, ha recalcado, por lo que ha anunciado que “vamos a ser cautelosos” hasta que vayan avanzando las diligencias.
En base a ello, el representante del PP se ha mostrado convencido de que el pacto de gobierno se mantendrá durante toda la legislatura, ya que Maestre no cree que el caso pueda dilucidarse antes de las próximas elecciones municipales del 24 de mayo.
El portavoz del grupo municipal popular sí ha considerado que la imputación del alcalde “no ha sido una noticia agradable”, si bien se ha mostrado confiado en que Juan Miguel Polo no resulte condenado. De lo contrario “nos llevaríamos una gran desilusión”, ha dicho.
Esto sucede después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte haya citado para el 6 de febrero al alcalde, en calidad de imputado, por un presunto delito contra el medio ambiente tras la realización de dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable. Según reza en el auto judicial, el juzgado ha admitido a trámite una querella contra el primer edil cartayero y ordenado la práctica de una serie de diligencias como la solicitud de la licencia urbanística y finalización de obras y el informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela.
