El Gobierno excluye a Huelva de su inversión para el AVE en 2015
Fomento señala que seguirá priorizando los tramos ya iniciados y prevé poner en servicio 1.000 nuevos kilómetros de alta velocidad tras una inversión de 5.000 millones.
El AVE de Huelva también quedará fuera de las inversiones del Gobierno central en 2015. Así se desprende de las últimas manifestaciones realizadas por el Ministerio de Fomento, que ha anunciado que seguirá priorizando las actuaciones en aquellos tramos que ya están en ejecución, un criterio que excluye a una provincia como Huelva que ya padece una desventaja competitiva respecto al resto de provincias costeras y turísticas por la falta de infraestructuras de comunicación.
Tres años y medio después de que las obras de la Estación del AVE de Huelva quedasen paralizadas –en marzo de 2011- el departamento que dirige Ana Pastor tiene previsto poner en servicio en 2015, fruto de ese nuevo criterio, un total de nueve tramos de alta velocidad, concretamente los que unen Olmedo (Valladolid) y Zamora, Valladolid y Palencia, Valladolid y León, Venta de Baños y Burgos, Alicante y Murcia, La Coruña con la frontera de Portugal, un túnel de la Variante de Pajares (Asturias), el último tramo entre Sevilla y Cádiz y, por último, el que unirá Plasencia y Badajoz.
En total suman unos 1.000 nuevos kilómetros de AVE, que son fruto de una inversión, entre este y el próximo año, de alrededor de 5.000 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes de Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias encargado de ejecutar estas inversiones del Ministerio de Fomento.
Las mismas fuentes aseguraron que las inversiones se han centrado en "completar y poner en servicio las líneas que se encontraban en un estado de ejecución más avanzado", tras realizar "un ejercicio de análisis y rediseño de proyectos". En concreto, el nuevo equipo gestor de Fomento efectuó, según añaden desde Adif, un "ejercicio de racionalidad" para "priorizar" las inversiones en aquellas líneas "susceptibles de una más inmediata entrada en servicio". En este análisis, asegura, tuvo en cuenta el grado de desarrollo que presentaban, el número de ciudadanos beneficiarios y los costes que podría suponer una eventual paralización de la obra.